El Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos ha solicitado formalmente a la Justicia la imposición de una conciliación obligatoria para asegurar el dictado de clases, tras el anuncio de un paro por parte del gremio docente. La solicitud, que ya ingresó en el Juzgado Laboral N°4 bajo la supervisión de la jueza María Alejandra Abud, busca preservar el derecho de los estudiantes a recibir educación, tal como lo establece el artículo 14° de la Constitución Nacional.

En la nota presentada por el gobierno provincial, se destaca la necesidad de proteger el derecho a aprender de los entrerrianos, señalando que la educación es una obligación fundamental del Estado. Mauricio Collelo, secretario general de la Gobernación, subrayó que el gobierno ha realizado un esfuerzo significativo para satisfacer las demandas salariales de los docentes, reconociendo los desafíos que enfrentan en términos de poder adquisitivo, pero también siendo consciente de la situación financiera de la provincia.

Collelo afirmó que, pese a las múltiples mejoras ofrecidas a los gremios docentes, no se ha logrado un acuerdo. Señaló que la decisión de solicitar la conciliación obligatoria busca asegurar que las negociaciones continúen con los estudiantes en las aulas, enfatizando que el gobernador tiene la responsabilidad de gobernar para todos los entrerrianos.

El documento judicial presentado por el gobierno expresa que se han agotado todos los esfuerzos posibles en conversaciones tanto informales como en sede administrativa para evitar la situación actual. Además, se argumenta que, en casos donde se enfrentan derechos constitucionales como el derecho de huelga y el derecho a la educación de los menores, debe prevalecer el interés superior de los niños a recibir una educación de calidad y en tiempo adecuado, conforme a lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño.