El gobierno provincial de Entre Ríos ha tomado una medida controvertida al elevar un pedido para declarar como «ilegal» el paro docente llevado a cabo por los gremios AGMER y AMET el pasado miércoles 10 de abril. En un escrito presentado ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo General de Educación (CGE) argumenta que la medida de fuerza fue realizada sin aviso previo, mientras las negociaciones salariales estaban en curso y sin esperar la audiencia de conciliación programada para el 16 de abril.
Según el CGE, el paro docente fue considerado un «ejercicio abusivo» que va en contra del principio de buena fe establecido por la ley. La misiva menciona que la huelga puede poner en riesgo el interés público y la comunidad en general, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de intervenir para salvaguardar los principios e instituciones básicas.
El CGE expresó su disposición al diálogo permanente con los sindicatos docentes pero subrayó la importancia de respetar los procesos legales y las negociaciones en curso. La audiencia de conciliación fijada para el martes 16 de abril será crucial para continuar las negociaciones paritarias iniciadas este año.
Esta acción del gobierno provincial refleja la tensión entre las autoridades educativas y los sindicatos docentes en Entre Ríos, donde la disputa laboral y las estrategias sindicales están en el centro del debate sobre las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores de la educación.