La Secretaría de Transporte informó este jueves que el Gobierno nacional eliminará el Fondo Compensador del Interior a partir de 2024, afectando los subsidios a las empresas de colectivos urbanos del interior del país. Esta medida, en línea con el objetivo de ajuste fiscal y en medio del conflicto con las provincias por la ley ómnibus, conlleva la advertencia de más aumentos en el precio del boleto, según admitió el vocero presidencial.

La decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba a empresas de colectivos urbanos del interior del país, entrará en vigor a partir de 2024. Esto responde a una estrategia de ajuste fiscal y se produce en un contexto de tensión con las provincias por la ley ómnibus. La medida busca reducir el gasto en subsidios y se suma a los incrementos aplicados a principios de año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque no afectará a esta jurisdicción con mayores aumentos.

Los gobernadores ahora deberán decidir si asignan más recursos para mantener el precio de los pasajes o si permiten que las empresas apliquen nuevos aumentos en los próximos meses. Este fondo, que contemplaba unos $102.000 millones, será eliminado «inmediatamente», según fuentes oficiales.

Manuel Adorni, vocero presidencial, anticipó que se esperan incrementos en los pasajes del interior y señaló la importancia de garantizar el acceso al transporte público, ya sea mediante tarifas asequibles o subsidios para aquellos que lo necesitan.

La Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, afirmó que la decisión responde a la redistribución de los subsidios, concentrándolos en los usuarios a través de la tarjeta SUBE. Esto implica una disminución considerable de los subsidios destinados a las empresas, en línea con la política de reducción del gasto en subsidios acordada con el Fondo Monetario Internacional.

Se espera que esta medida tenga un impacto significativo en la economía y en la accesibilidad al transporte público en todo el país, con la intención de avanzar hacia un esquema más justo y eficiente en la distribución de los recursos públicos destinados al transporte.